CCOO y UGT consideran que este año, con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, es más necesario que nunca movilizarse contra el modelo neoliberal de salida de la crisis y para exigir la universalización de un trabajo digno y con derechos. El concepto de “trabajo decente”, acuñado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se refiere al que se realiza respetando los convenios fundamentales proclamados por esta organización en 1998 –libertad sindical, derecho de huelga y negociación colectiva, prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, y prohibición de toda forma de discriminación laboral. Es un trabajo que se realiza bajo contrato, con una remuneración justa y el derecho a unas prestaciones sociales básicas.

La Confederación Sindical Internacional, que es la organización que convoca esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, todos los 7 de octubre (aunque este año en nuestro país se adelanta al día 6), considera que sólo la lucha en común de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo permitirá alcanzar los derechos del trabajo y una vida digna a quien hoy no la tiene. Al tiempo permitirá hacer frente a la fuerte ofensiva que hay para deteriorar este objetivo.

Desde 2008, la profunda crisis económica mundial que padecemos, provocada por la codicia sin límites de los especuladores financieros e inmobiliarios y la falta de regulaciones económicas y de gobierno democrático del mundo, ha producido un notable incremento del desempleo y un deterioro de las condiciones de trabajo en la mayoría de las naciones. Se han perdido cerca de 40 millones de empleos; el número de personas sin trabajo ha subido a 205 millones, y el de trabajadores precarios a 1.450 millones, casi la mitad de quienes trabajan en el mundo. En Europa el número de parados asciende a 23 millones y en España rondamos los cinco millones, entre ellos el 46% de los jóvenes menores de 25 años.

Antes de la crisis, el programa de la ONU para alcanzar los llamados Objetivos del Milenio pretendía, entre otras cosas, reducir, en 2015, a la mitad el número de personas que en todo el mundo vivían en la pobreza absoluta (800 millones). Hoy no solo no se ha reducido sino que el número ha ascendido a los 1.000 millones. Para haber conseguido el objetivo eran necesarios poner 50.000 millones de dólares en ayuda, sólo el 1% de lo que se ha gastado en el salvamente del sistema financiero mundial.

A pesar de la gravísima situación que la economía y el empleo viven en Europa, desde mayo del año pasado las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales han eliminado de sus prioridades ambos conceptos.

Incapaces de gestionar la larga crisis de las deudas soberanas, a pesar de que existen medidas para ello, sólo se plantean políticas de recorte para reducir los déficits y las deudas públicas. No sólo eso, sino que, contra toda evidencia, afirman que la creación de empleo se producirá por las llamadas “reformas estructurales” que no pretenden otra cosa que disminuir los costes laborales, las prestaciones sociales y el coste de los servicios públicos (a través incluso de su privatización), y debilitar la negociación colectiva y la fuerza de los sindicatos.

Es decir, quieren imponer como solución todo lo peor de las fracasadas políticas neoliberales que nos llevaron a la crisis. Y, además, han colocado a Europa al borde de una nueva recesión porque los brutales ajustes presupuestarios, en plazos muy cortos y sin consenso social, terminan por hundir las economías sin poder reducir los déficits.

La despiadada pérdida de empleo está privando a la clase trabajadora de su fuente básica de ingresos, y algunas reformas adoptadas por los Gobiernos, al dictado de los intereses de los poderes y mercados financieros, están atacando los tres pilares del trabajo decente: derechos, protección social y negociación colectiva.

El desempleo, el paro de larga duración, el crecimiento de la temporalidad y la precariedad están incrementando las desigualdades sociales y empujando a un número creciente de personas a situaciones de pobreza y exclusión.

En nuestro país, la reforma laboral de 2010, la eliminación del límite al encadenamiento de contratos temporales y el nuevo contrato de formación para jóvenes, aprobados por el Gobierno al final de su mandato, junto con la pérdida de cobertura de la protección por desempleo, como consecuencia de la prolongación de la crisis, y los drásticos recortes del gasto público (que están aplicando Comunidades Autónomas y ayuntamientos y que amenazan el mantenimiento de servicios y prestaciones sociales básicos) están rebajando las condiciones de vida de los ciudadanos y pueden llevarnos a una quiebra social injustificable.

Finalmente, el salario, uno de los principales indicadores del trabajo decente, muestra tendencias de evolución igualmente preocupantes: si en 2008 el porcentaje de quienes tenían un salario igual o inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) era del 8,9 por ciento, en 2009 ese porcentaje subió hasta llegar al 10 por ciento sobre un total de 15.256.200 asalariados. Más de uno de cada cinco trabajadores con baja remuneración (21 por ciento) vive en hogares con ingresos que están por debajo del umbral de pobreza.