La Comisión Europea, a raíz de los acontecimientos vividos en Túnez o Libia, y a petición de Francia e Italia, ha planteado una reforma del Acuerdo de Schengen para, según estos dos estados miembros, poder hacer frente a la afluencia masiva de inmigrantes, restableciendo temporalmente el control de las fronteras interiores y, por lo tanto, limitando la libre circulación.

UGT considera que esta propuesta nace de la demagogia y se pretende con ella un cambio normativo que sería un ataque directo al principio de libre circulación en la Unión, ya que el control que proponen Francia e Italia no se limitaría sólo a los extranjeros no comunitarios, sino que también se extendería a ciudadanos de la UE. Por otra parte, y ese es el trasfondo populista y demagógico de la medida, da por supuesto que los inmigrantes van a hacer un mal uso de sus autorizaciones de residencia y que pueden circular libremente por el territorio de la Unión.

El sindicato recuerda que los ciudadanos de terceros países no tienen libre circulación en la UE, sino que pueden estar en situación de estancia en el territorio de la Unión un periodo máximo de tres meses, siempre cumpliendo una serie de requisitos. La libre circulación solo se reconoce a los ciudadanos de la Unión y a sus familiares. Y para que esta libertad sea posible, es necesaria la eliminación de los controles en las fronteras interiores.

Por lo tanto, si un extranjero no comunitario es titular de un permiso de residencia en un Estado miembro, esto no implica que tenga libertad, ni está habilitado, para residir en otro Estado miembro, sino que deberá conseguir un permiso de residencia en el Estado al que quiera trasladarse.

En definitiva, esta propuesta de reforma, nace de una utilización demagógica de la inmigración con el objetivo de restringir una libertad, a la que de hecho, los inmigrantes no tienen derecho.

UGT valora también la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que se opone a la normativa de un Estado miembro (como es el caso de Italia) que prevé la imposición de una pena de prisión por el único motivo de que un ciudadano no perteneciente a la Unión Europea estuviese en el país sin causa justificada y habiendo infringido la orden de salida del territorio.

El sindicato recuerda que la sentencia expone que los Estados miembros deben llevar a cabo la expulsión a través de las medidas menos coercitivas posibles, y que, en todo caso, el internamiento debe ser en un centro especializado o, en su caso, separado de presos comunes. Esta es la medida de restricción más grave que permite la Directiva 2008/115 relativa a las normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.