La 100ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha adoptado un Convenio, complementado por una Recomendación, sobre el trabajo decente para los trabajadores y trabajadores domésticos. La importancia de la aprobación de este convenio, y de la recomendación, residen en que son las primeras normas internacionales elaboradas específicamente para proteger a las personas que prestan servicios domésticos. Y es preciso poner en valor que esto implica reconocer el empleo domestico como lo que es, verdadero trabajo, y a quienes lo desempeñan, como trabajadores y trabajadoras.

Si bien es cierto que las características del empleo domestico, y los derechos y protección de quienes trabajan en este sector, varían de unos países a otros, la situación de vulnerabilidad, la infravaloración, la invisibilidad, la falta de reconocimiento, la menor protección social y la ausencia de determinados derechos laborales son comunes en todo el mundo. De hecho, en determinados casos, el empleo domestico implica situaciones de semiesclavitud, con una particular incidencia, además, del trabajo infantil.

Las normas internacionales, como las hoy aprobadas, son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT (Gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen unos principios y derechos básicos en el trabajo. Los convenios son tratados internacionales legalmente vinculantes para los estados miembros que los ratifican, a diferencia de las recomendaciones que no son vinculantes. En el caso del Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, este establece una serie de principios básicos que son desarrollados de manera más detallada en la recomendación.

La adopción del Convenio complementado por la Recomendación para el empleo domestico es un paso adelante para garantizar un marco mínimo de derechos a los trabajadores y trabajadoras. Por ello el Convenio, además de una definición amplia de empleo domestico que de cabida a las distintas formas que este adopta en todo el mundo, presta especial atención a derechos que, pueden parecernos obvios, pero que en determinados países no están reconocidos para quienes prestan servicios domésticos, como la libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso o la necesidad de fijar una edad mínima, por cada Estado Miembro para los trabajadores domésticos, edad mínima que no pueda ser inferior a la que establezca la legislación nacional para los trabajadores en general. E igualmente el Convenio, señala que todo estado miembro debería adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia y establecer mecanismos de queja eficaces y asegurar que los trabajadores domésticos tengan un acceso efectivo a los órganos jurisdiccionales o a otros procedimientos de resolución de conflictos en condiciones no menos favorables que las previstas para los trabajadores en general.

La igualdad de derechos con el resto de trabajadores, se reitera a lo largo del Convenio y la recomendación; la desigualdad en derechos y en protección social es una característica del empleo domestico que también está presente en España. De ahí que el Convenio haga referencia a la igualdad con el resto de trabajadores en materias como la jornada de trabajo, vacaciones, periodos de descanso (que el Convenio, en el caso del periodo de descanso semanal establece en 24 horas como mínimo), salario mínimo, protección de la seguridad social, salud y seguridad en el trabajo. Y que se remita, también de manera reiterada, a las condiciones establecidas en estas materias en la legislación nacional o convenios colectivos, además de a la consulta preceptiva con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para el desarrollo de las mismas.

Otra de las características del empleo domestico, es que una gran volumen de trabajadores y trabajadores son migrantes. Por ello el convenio y la recomendación muestran una preocupación especial por los trabajadores migrantes contratados en origen y establecen que estos han de conocer las condiciones de empleo antes de cruzar la frontera, o que deben tener derecho a conservar sus documentos de viaje o identidad. E incluso, en la recomendación se menciona que los estados miembros deberían determinar las condiciones en las que los trabajadores migrantes del empleo domestico tienen derecho a ser repatriados a sus países de origen, sin coste alguno para ellos.

El Convenio dedica un artículo al papel de las agencias de contratación y colocación, con la finalidad de establecer condiciones para su funcionamiento, e impedir abusos, además de establecer la obligación de incluir en leyes o reglamentos cuáles son las responsabilidades de la agencia y del hogar con respecto al trabajador.

La adopción del Convenio y la Recomendación es sin duda una noticia importante, no solo para los países en los que los trabajadores domésticos están absolutamente desprotegidos, sino también para países como el nuestro donde es evidente la desigualdad en materia de derechos laborales y de protección social, así como la infravaloración de este trabajo. Debería implicar que de una vez por todas se abordara en España la necesaria regulación de este sector de actividad, tan arcaica que hay determinados elementos del Convenio y la Recomendación que la normativa actual laboral y de seguridad social del empleo domestico, no cumple.