Para UGT, estas primeras medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros

1. Son sólo un anticipo de lo que vendrá antes del 31 de marzo, con la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2012 que deben plasmar ya íntegramente las políticas con las que el Gobierno quiere afrontar la salida de la crisis.

2. Son medidas recurrentes. No contienen medidas de estímulo al crecimiento económico y el empleo

3. Algunas son profundamente injustas, como la congelación del salario mínimo por primera vez en la historia de nuestro país, en concreto, supone una apuesta por un modelo de crecimiento basado en bajos salarios y en condiciones precarias que no tiene justificación en términos de ajuste fiscal (puesto que el SMI no afecta al gasto público) y es incoherente con cualquier discurso de modernización de nuestra economía y de nuestro mercado laboral.

4. Inciden en la política del “picoteo fiscal”. Es necesario una reforma fiscal integral equitativa, progresiva y redistributiva, que se revisen el conjunto de las figuras fiscales, se recuperen los impuestos como el de Patrimonio y Sucesiones, así como que se graven productos de ahorro del capital o de la inversión como son las SICAV

5. Hay medidas positivas, que son fruto del Diálogo Social, del Acuerdo Social y Económico pactado en el mes de febrero, pero que son insuficientes, como la subida del subida del 1% de las pensiones y la Prórroga del Plan Prepara, reiteradamente solicitada por las organizaciones sindicales, pero hay que recordar la importante caída de la tasa de cobertura por desempleo

6. Incide en los recortes sociales con la congelación en materia de dependencia, conciliación de la vida laboral y personal o la renta de emancipación para los jóvenes.

La revalorización automática de las pensiones está fijada por una Ley, fruto del acuerdo social (artículo 48 de la Ley general de Seguridad Social). Por tanto el Gobierno sólo la está aplicando.

La subida del 1% resulta muy moderada, teniendo en cuenta que la media de las previsiones de los principales analistas sitúan el aumento del IPC en 2012 en el 1,5% en media anual. Por tanto, de entrada, la revalorización puede conllevar una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas a lo largo del año. El aumento anunciado hoy sólo supondría 8 euros mensuales más en una pensión media.

El Gobierno debe garantizar que aplicará en el mes de noviembre de 2012 la cláusula de revisión automática prevista en la Ley, en el caso de que efectivamente el IPC supere la cifra del 1%.

Se trata de una de las medidas más injustas del paquete aprobado, absolutamente injustificada además en la medida que el aumento del SMI no conlleva aumento del gasto público desde 2004, cuando se desvinculó esta renta laboral básica de su utilización como baremo de rentas y prestaciones públicas de todo tipo.

Es la primera vez desde su creación en que el SMI se congela en nuestro país. El discurso de los necesarios esfuerzos colectivos no puede servir en este caso en absoluto para avalar esta congelación del suelo salarial, que es una medida no solo injusta, sino contraproducente para nuestra economía, en la medida que reducirá aún más el consumo de todos los afectados.

Es una medida regresiva. El IPREM es el indicador que sirve de referencia para determinar la cuantía de determinadas prestaciones o para acceder a determinados beneficios, ayudas o servicios públicos (ayudas para vivienda, becas, subsidios por desempleo, etc.). Por tanto, su congelación supone en la práctica una reducción real de esas prestaciones, como por ejemplo las de desempleo.

Es una medida que, aplicada con generalidad, no responde a las necesidades de nuestra economía, y que terminará afectando a la calidad de los servicios públicos. Además contradictoria con la voluntad declarada por el Ejecutivo de hacer el empleo el centro y el objetivo número uno de todas las políticas.

Para UGT, la evolución empleo público debe responder a la aplicación de criterios de eficiencia y necesidad, lo que implica un análisis previo que realice un diagnóstico integral y objetivo de la situación de los recursos humanos en el conjunto de las Administraciones Públicas. Pero, ante la ausencia de este imprescindible paso, parece que esta nueva congelación responde en mayor medida a una concepción ideológica apriorística que supone que el empleo público en nuestro país es excesivo, algo que no responde en absoluto a la realidad.

Son medidas medida injustas, que hace recaer el peso del ajuste una vez más sobre uno de los colectivos de trabajadores más castigados en nuestro país. Hay que recordar que su salario ya fue recortado en un 5% de media en mayo de 2010.

En todo caso, el Ejecutivo debe aclarar cuanto antes si piensa acometer nuevos recortes salariales a estos trabajadores con la aprobación en el mes de marzo de los nuevos PGE.

Se trata de una medida que, aunque indudablemente popular, puesto que supone en principio una rebaja fiscal, es inadecuada y posee efectos contraproducentes, puesto que su impacto se traslada finalmente a un aumento de los precios de la vivienda, tal y como han avalado numerosos estudios.

En consecuencia, el beneficio que se pretende lograr (un abaratamiento indirecto del acceso a la vivienda) se anula por el aumento del precio que provoca. En consecuencia, son los promotores e intermediarios en el proceso de construcción quienes obtienen realmente el beneficio buscado, en lugar del comprador.