La propuesta es sumamente inconveniente pues anula o limita gravemente la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico. Conlleva también un grave riesgo para el mantenimiento de las prestaciones e instituciones básicas del Estado de Bienestar. Supone la constitucionalización de una de las señas de identidad de las políticas conservadoras y neoliberales que han producido la crisis económica global y que, en el ámbito europeo, están gestionando de modo desastroso la crisis de las deudas soberanas. Por otro lado, la propuesta no ayuda, por su contenido y por los plazos de aplicación, a la necesaria reducción de los niveles actuales de déficit público que sólo puede lograrse, sin deteriorar gravemente el tejido económico y social de nuestro país, mediante la promoción del crecimiento económico y el empleo, un justo reparto de las cargas de la crisis y un permanente rigor en el uso del gasto público.

Para CCOO y UGT resulta inaceptable que una reforma constitucional de tal calado se pretenda hacer en menos de quince días, sin referéndum, en pleno período de vacaciones, sin debate político alguno, y sin tener en cuenta para nada las opiniones de las organizaciones sociales. Esto pone en entredicho todas las declaraciones públicas que los dirigentes políticos han realizado recientemente, como respuesta al movimiento del 15M, en el sentido de que van a tener en cuenta sus peticiones para superar la esclerosis de la vida política española y fomentar la participación ciudadana.

Por ello, UGT y CCOO piden al Gobierno de España que retire su propuesta, a los grupos parlamentarios que no voten favorablemente su tramitación y que, en todo caso, cualquier propuesta de reforma de la Constitución de esta naturaleza sea sometida a referéndum.