En los últimos días hemos escuchado distintas propuestas en materia de inmigración. Sin duda, será un tema recurrente en los próximos meses. Desde el “rumanos fuera”, la negativa de algunos ayuntamientos a empadronar personas en situación administrativa irregular, hasta llegar al “el contrato de integración”. Esta última propuesta, pese a no ser nueva, resulta de lo más inoportuna cuando la misma se publicita, de nuevo, en una campaña electoral y en la actual situación de desempleo.

Entre los contenidos de este contrato, que ya en el año 2008 proponía el Partido Popular, se encontraba el retorno a sus países de los trabajadores extranjeros que perdieran el empleo, dando a entender que los inmigrantes solo son útiles y tolerables mientras tienen empleo, coticen, paguen sus impuestos, cumplan sus obligaciones… pero que si se quedan sin trabajo, la única opción es devolverlos a sus países. Como si fueran herramientas ya amortizadas y no personas.

En 2008 UGT ya señaló que la propuesta se dirigía claramente contra todos los extranjeros no comunitarios, pero especialmente contra los que dependen de su trabajo para vivir. El sindicato también apuntó entonces que medida, en contra de lo que se dice, no está extendida en Europa, puesto que de los países en los que existen compromisos entre el inmigrante y el estado de acogida, ninguno tiene un contenido similar al de la propuesta; por ejemplo no se habla en ellos del respeto a los valores o las costumbres e incluso a las leyes. Porque incluir en un contrato la obligación de respetar las leyes, cumplir las obligaciones o pagar impuestos, es tanto como reconocer que el Estado, su ordenamiento jurídico y los medios con que cuenta para hacerlos cumplir son inútiles. Dejando caer, de paso, que los extranjeros son potenciales incumplidores. Los países en los que existe un compromiso o un examen como requisito para entrar o permanecer en el país, este se refiere exclusivamente al conocimiento del idioma y del medio o la obligación de acudir a cursos de lengua.

Conviene señalar que en el mes de septiembre había un total de 404.592 parados extranjeros no comunitarios registrados y no más de un millón, como ha aparecido en algunos medios de comunicación y que otros partidos políticos, además del Partido Popular, se han mostrado a favor del contrato de integración; por poner un ejemplo, en el trámite parlamentario de la reforma de la ley de extranjería en el año 2009 se introdujo, y de hecho, es una de las novedades de la ley, “el esfuerzo de integración” como un elemento para valorar la oportunidad o no de renovar una autorización de residencia. Esfuerzo que se acreditara mediante la asistencia a acciones formativas.