El descenso del paro en mayo por segundo mes consecutivo (en 76.223 personas, la mayor reducción en este mes de los últimos cinco años) demuestra que los cambios en los niveles de desempleo no dependen de la regulación laboral, sino de la actividad económica. En este sentido, UGT considera que frente a las políticas de recorte que se están llevando a cabo y que van a retardar la salida de la crisis, son necesarias otro tipo de políticas, orientadas a estimular el crecimiento económico y la inversión productiva. Respecto al mercado de trabajo hay que actuar mejorándolo, no devaluándolo. Por lo tanto, es necesario establecer medidas orientadas a mejorar la formación, cualificación y adecuación a las necesidades productivas, incentivando la contratación de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral (especialmente jóvenes y parados de larga duración). Asimismo, es necesario una reforma financiera que dote de liquidez al sistema y permita a las familias y a las empresas acceder al crédito.

El desempleo registrado ha descendido por segundo mes consecutivo: hay apuntados en las listas de los Servicios Públicos de Empleo 76.223 personas menos que en el mes de abril. Esto hace un total de 4.066.202 parados, según los registros, lo que supone, no obstante, todavía un 12,32% más de desempleados que hace un año.

La reducción del número de desempleados varones ha sido superior a la de las mujeres: 50.853 hombres parados menos, un 2,4%, frente a 25.370 mujeres desempleadas menos que en abril, un 1,2%. De nuevo, por segundo mes consecutivo, esto hace que, en el cómputo interanual, sea mayor el incremento del desempleo femenino (un 12,8%) que el del masculino (un 11,8%).

De nuevo el desempleo juvenil se reduce en mayor medida en este mes (un 3,2%) que el de los mayores de 25 años (un 1,7%). Con estos datos, la proporción de jóvenes desempleados respecto al total de parados se reduce en dos décimas respecto a abril, y en un punto frente a mayo de 2009.

En cuanto los extranjeros desempleados, hay 16.033 menos que en el mes anterior, aunque en total suponen un 21,2% más de parados de los que se registraban hace un año.

Por sectores, la reducción más significativa, en términos relativos, se recoge en la construcción (un 2,6% de parados menos que en abril), seguida de la industria (un 2,2% menos) y los servicios (con una reducción del 1,9%).

El número de contratos registrados ha aumentado respecto al mes de abril en un 9,6%, siendo la recuperación anual del 6,5%. Un 9,2% de los contratos han sido indefinidos, es decir, 108.264, mientras los temporales han sido 1.073.836, con lo que el total de contrataciones registradas en el mes de mayo ha sido 1.182.100. La caída de los contratos indefinidos respecto al año anterior es del 0,8%, mientras el volumen de contratos temporales se ha incrementado en un 7,3%.

La reducción del desempleo registrado, la mayor en el mes de mayo de los últimos cinco años, demuestra que los cambios en los niveles de desempleo no dependen de la regulación laboral, sino de la actividad económica.

Parece que los indicadores adelantados señalan que la actividad económica comienza a recuperarse. Es de esperar entonces que la demanda de empleo también comience a crecer y, por tanto, a disminuir el nivel de paro.

Frente a la urgencia y a la señalada necesidad de acometer una reforma laboral, conviene destacar que esta reforma no resolverá el problema del desempleo, que tiene su origen en el mercado productivo, carente de salidas ante la falta de demanda. Si las empresas españolas consiguen reorientar su actividad hacia el exterior, ganando competitividad no en función únicamente de mejoras relativas en los niveles de precios, sino de avances en calidad, el empleo también se recuperará. Y no sólo eso, sino que logrará ganar en calidad, pasando de concentrarse en sectores de baja productividad y excesiva temporalidad, hacia aquellos que demandan trabajadores formados y cualificados.

Ésta sigue siendo la clave de la acción política sobre el mercado de trabajo: actuar a través de políticas de formación, de cualificación y de adecuación a las necesidades productivas, incentivando además la contratación de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado laboral (especialmente, jóvenes y parados de larga duración), a los que habrían de dedicarse actuaciones específicas de formación y cualificación.

Sigue siendo necesaria también la reforma financiera que dote de liquidez al sistema y permita a las familias y a las empresas acceder al crédito, de forma que se pueda incentivar la actividad económica y con ello, la recuperación y nueva creación de empleos.

En este sentido, las reformas que recortan el gasto social, las pensiones, la inversión productiva y los salarios de los trabajadores del sector público (educación, sanidad…) en el cambio del modelo productivo, son injustas y contraproducentes. El efecto inmediato (y reconocido por el propio gobierno) se refleja en un recorte del crecimiento económico: las previsiones se rebajan en 5 décimas para el año 2011 (en la actualización del programa de estabilidad se preveía un crecimiento para 2011 del 1,8%). Y esta merma del crecimiento económico se traslada inmediatamente al mercado de trabajo, de forma que se retrasará aún más la creación de empleo y la reducción de las tasas de desempleo.

La reconstrucción fiscal, potenciando una estrategia que favorezca el incremento de los ingresos y que no se quede sólo en el ajuste a través del recorte de gastos, es lo que urge para crecer económicamente y con ello, estimular la demanda de empleo.

Las políticas que han de llevarse a cabo deben orientarse a la recuperación de la actividad económica, al estímulo a la inversión productiva, con el objetivo último de alcanzar nuevamente una senda de crecimiento, pero un crecimiento sostenido, perdurable y que aporte una mejora de la calidad.

Las políticas y reformas que tratan de reducir los derechos de los trabajadores, que persiguen recortes de gastos sociales, que minan, en definitiva el Estado de Bienestar, no son las que nos llevarán a la salida de la crisis.

Cumplir con la parte de sostenibilidad presupuestaria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento retrasará el crecimiento económico y la recuperación del empleo.