UGT
rechaza las medidas de recorte que anunció ayer el
Ministerio de Vivienda ya que éstas suponen un nuevo
recorte a los derechos de los trabajadores y alejan
al ciudadano del derecho a una vivienda digna
recogido en la Constitución. El sindicato considera
que las políticas de alquiler y rehabilitación deben
ser prioritarias y que es necesario incrementar la
inversión en materia de rehabilitación ya que según
todos los estudios la creación de empleo en este
ámbito podría ser sostenida, y es la reconversión
natural del sector de la construcción.
UGT considera que
las medidas presentadas ayer por el Gobierno en el
Consejo del Plan Estatal de Vivienda y que anuncian,
entre otras cosas la reducción de un 40% de las
subvenciones para las promociones de vivienda
protegida nueva en régimen de arrendamiento, la
eliminación la subvención a los promotores para la
urbanización o adquisición de suelo o la supresión
de la Ayuda Directa a la Entrada (AEDE) con la
posibilidad de ampliar la hipoteca hasta el 90% del
valor de la vivienda, representan también un nuevo
recorte de derechos a los trabajadores.
El sindicato
demanda al Ministerio que explique cómo con medidas
que reducen ayudas a la promoción pública de
viviendas en régimen de alquiler, se puede
fortalecer el mercado del alquiler en España y de
qué manera puede la supresión de la Ayuda Estatal
Directa a la Entrada (AEDE) mejorar el acceso de los
más desfavorecidos a una vivienda digna,
incrementando la cantidad hipotecada, con la
consiguiente dificultad de obtención de hipotecas de
mayor importe.
UGT solicitó en su
momento al ministerio, que se utilicen los órganos
consultivos para la toma de estas decisiones, y que
estos no se conviertan en foros meramente
informativos. El sindicato pidió además que en
materia de rehabilitación se aumente la inversión,
ya que según todos los estudios la creación de
empleo en este ámbito podría ser sostenida, y es la
reconversión natural del sector de la construcción.
También se le pide al ministerio que estudie la
implantación de una medida que apoye a los
arrendatarios en situaciones de desempleo, al igual
que se ha hecho con los propietarios de viviendas.