Valoración de Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT (00m:42sg)

UGT rechaza el Real Decreto Ley para modificar la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros, porque supone la bancarización de las Cajas de Ahorro, rompiendo el modelo social que determinaba la actividad de este tipo de entidades, como son el fomento del ahorro, la atención a familias y PYMES o su naturaleza social. Asimismo, denuncia que no se ha contado en ningún caso con la participación de los interlocutores sociales con lo que el Gobierno incumple su compromiso, de consultar y negociar cualquier reforma del sector, con la intención de lograr el mayor consenso posible, y acusa al Ejecutivo de impedir y ocultar el debate político y social al tramitarse esta reforma por la vía de urgencia, a través de un Decreto-Ley (esta reforma afecta a la totalidad de la sociedad e incidirá de manera determinante en la economía de nuestro país). Por todo ello, el sindicato reclamó ayer a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, la no aprobación de este Real Decreto y la apertura de un proceso para garantizar la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro, su función socioeconómica y su vinculación con la sociedad

El Gobierno aprueba hoy un Real-Decreto Ley a través del cual se va a modificar la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA). Para elaborar la reforma, que cuenta con elementos claros que van a determinar la nueva configuración de las Cajas de Ahorro, no se ha contado en ningún caso con la participación de los interlocutores sociales y se incumple la Declaración de Diálogo Social suscrita por el Presidente del Gobierno, en julio de 2008 sobre Diálogo Social Reforzado, sentando un grave precedente y rompiendo con los compromisos a los que se había llegado en la pasada primavera, que consistían en la consulta y negociación de cualquier reforma del sector que permitiese alcanzar el máximo consenso social posible a la hora de abordar un asunto tan transcendente como el que nos ocupa.

A este hecho se le une el que no parece justificado que una reforma de este calado, con todas las implicaciones que conlleva, se tramite a través de un Decreto-Ley, es decir, por vía de urgencia, lo que impide y oculta el debate político y social que debería darse con una reforma que afecta a la práctica totalidad de la sociedad y que va a incidir de manera determinante en la economía de nuestro país.

La modificación de la LORCA se plantea una vez que ha finalizado el plazo en el que se podían solicitar ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROM), encargado fundamentalmente de gestionar los procesos de reestructuración el sector de las Cajas de Ahorro del sector, y supone la culminación de la más importante transformación del sistema bancario español.

Esta transformación es el resultado de la difícil situación por la que atraviesan algunas de nuestras entidades financieras como consecuencia de la profunda crisis internacional que ha atravesado el sector en los últimos tres años y, a nivel nacional, de la gran vinculación que ha tenido el sector del ahorro en el inmobiliario. A mediados de julio se podrá analizar con más detenimiento la situación real por la que atraviesan las entidades bancarias de nuestro país, una vez se hagan públicos los test de solvencia a los que han sido sometidos.

Con la reforma de la LORCA, dos van a ser los elementos claves que van a influir en la nueva configuración del sector. Por un lado encontramos el que se permitirá captar capital privado con el fin de reforzar la solvencia y, por el otro, el que se abre la posibilidad de trasladar el negocio a los bancos.

En lo que respecta a la capitalización de las Cajas, se ha abierto una nueva vía al permitir realizarla a través de las cuotas participativas, las cuales contarán, al contrario de lo que sucede ahora, con derechos políticos. Este punto, pese a los límites que se anuncian en forma de cupos máximos o nuevas mayorías para la toma de decisiones fundamentales, supone un ataque directo contra la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro y contra su función social.

En ningún caso se ha tenido en cuenta los rasgos característicos que definen a este tipo de entidades como son el fomento del ahorro, la atención a familias y PYMES o su naturaleza social, sino que se va a proceder a la bancarización del sector del ahorro, rompiendo definitivamente el modelo social que determinaba la actividad de este tipo de entidades.

Pese a que el límite máximo que las cuotas participativas pueden representar en el patrimonio de estas entidades se ha fijado en el 50%, en la práctica esto supone que una entidad privada se puede hacer con el control total de la entidad. Conviene recordar a este respecto que muchas empresas e instituciones financieras se dirigen con porcentajes muy por debajo de este límite, con lo que las decisiones y directrices que se marquen para la entidad las decidirá un agente privado.

Relacionado con este punto, hay que tener en cuenta que las acciones y las cuotas participativas hay que remunerarlas. Este hecho supone que de los beneficios que obtenga la entidad como resultado de su actividad, deben de minorarse para retribuir al capital, lo que va a provocar consecuentemente una caída de las cantidades destinadas a la obra social de las Cajas de Ahorro, uno de sus principales valores, reconocidos además por toda la sociedad.

En el caso de la cesión del negocio a un banco, la situación sería parecida. Las decisiones las tomaría un agente privado, al que habría que remunerar por el capital invertido. El sobrante, iría a parar a la fundación en la que se habría convertido la Caja de Ahorros, perdiendo ésta poder de decisión y convirtiéndose en un mero actor secundario a expensas de lo que decida el banco del que depende.

En la reforma también se contempla la profesionalización de los órganos de gobierno de las Cajas, lo que se traduce en limitar la presencia política en los órganos de dirección y establecer incompatibilidades entre cargos electos y miembros de estos órganos. Esta limitación, junto con la entrada en juego de las cuotas participativas, va a provocar una reordenación de los órganos de gobierno, donde, pese a todo, parece claro que se mantiene la necesidad de que los trabajadores sigan teniendo participación en los órganos de gobierno de las entidades.

En definitiva, esta reforma plantea elementos que desde UGT vemos con preocupación en la medida en que consideramos que va a conducir a la bancarización de las Cajas de Ahorro, con las consecuencias que de ello se derivan para el mantenimiento del modelo social que defienden este tipo de entidades, así como para su naturaleza jurídica.

Si las Cajas necesitaban capitalizarse ante las nuevas exigencias de solvencia que se esperan aprobar en el ámbito internacional para el sector, se podrían haber buscado otras soluciones no traumáticas, abriendo el debate a los interlocutores sociales y a la sociedad en general para decidir el modelo de Caja de Ahorro que queremos tener en España.

Por ello UGT y CCOO reclamamos a la Vicepresidenta Económica ayer, la no aprobación del RDL y la apertura de un proceso para garantizar la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro, su función socioeconómica y su vinculación con la sociedad.