UGT iniciará, de manera inmediata, una campaña informativa sobre las pensiones

UGT va iniciar, de manera inmediata, una campaña informativa para explicar a los trabajadores, en los centros de trabajo y en las empresas, la posición del sindicato ante la propuesta del Gobierno sobre la reforma de las pensiones y las alternativas para asegurar la sostenibilidad y viabilidad futura del Sistema. Uno de los objetivos principales, que además es una demanda histórica del sindicato, es que, se analicen otras vías de financiación del Sistema de Seguridad Social. Es decir, que no sólo se financie por la cotización de los trabajadores, sino a través de otras fórmulas como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado. En esta campaña se hablará también de lo que ha supuesto la retirada de la bonificación de los 400 euros en el IRPF y cómo ha afectado a los trabajadores y pensionistas.

El sindicato confía que la propuesta del Gobierno, tal como se planteó inicialmente, no vea la luz, pues tiene que pasar por el Parlamento y necesita del consenso social. El propio Ejecutivo reconoce ya que su propuesta está abierta al debate.

UGT considera necesario preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones a corto, medio y largo plazo, sin renunciar a mejorar las pensiones actuales y futuras en base a futuras proyecciones de gasto.

España sigue hoy manteniendo unos diferenciales negativos de gasto social respecto a la Unión Europea: seis puntos menos del Producto Interior Bruto (PIB) para el conjunto de gastos sociales, tres puntos menos del PIB de gasto en pensiones.

Por eso, el sindicato lamenta que la reforma de la Seguridad Social se enfoque más hacia la reducción del gasto público que a la perspectiva de aumentar la cohesión y la inversión social, que además redunda en un mayor progreso económico. UGT considera que la mejora de la protección social es uno de los instrumentos para el cambio de modelo productivo.

UGT considera que la sostenibilidad de la Seguridad Social y del sistema de pensiones no puede basarse exclusivamente en la reducción de la protección, como proponen los sectores financieros entre otros, sino también en el aumento de los ingresos. Para ello es necesario aumentar la financiación pública.

La revisión del Pacto de Toledo en 2010 debe respetar los compromisos incumplidos en materia de separación de las fuentes de financiación, como la financiación exclusivamente con aportaciones públicas a partir de 2012 de los complementos de mínimos de las pensiones, y, por otra, desarrollar otras recomendaciones no puestas en práctica tales como que con aportaciones públicas se financien las bonificaciones a las cuotas empresariales, entre otras.

Agilizar el cumplimiento de ciertos compromisos del Acuerdo de 2006, como la integración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el Régimen General, la reforma del régimen de trabajadores del hogar y la jubilación anticipada para los trabajos penosos, peligrosos y tóxicos.

Reducir las cotizaciones sociales supondría un duro golpe a la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social.

La edad media de jubilación en España se sitúa en 63 años y 10 meses, muy por encima de la de muchos países europeos. La propuesta de aumentar la edad legal de jubilación, es decir trabajar más años para recibir la misma pensión que en la actualidad, supone, en realidad, una reducción adicional de las pensiones para aquellas personas que no puedan seguir trabajando a partir de cierta edad, generalmente los peor situados en el mercado de trabajo. De esta forma se hace recaer exclusivamente sobre el trabajador el peso de decisiones que no dependen de él sino en el empresario.

Para UGT es necesario seguir fomentando la prolongación voluntaria de la vida laboral y buscar otros mecanismos para incentivar que la edad media de jubilación se acerque más a los 65 años de edad, situando el eje de las políticas no en el trabajador sino en las empresas, mediante el refuerzo de las políticas activas dirigidas a aumentar el empleo de los trabajadores de edad, mediante la mejora de las condiciones de trabajo y la adecuación de los puestos de trabajo, y mediante el reforzamiento de la protección contra el despido de estos colectivos y contra la discriminación por razones de edad.