1. Conllevaría, en realidad, una reducción adicional de las pensiones para aquellos asegurados que no puedan seguir trabajando a partir de una cierta edad, que generalmente son los peor situados en el mercado de trabajo.

2. La propuesta, choca con una realidad social que la desautoriza, por lo que entendemos que el camino adecuado es el que lleva a seguir fomentando la prolongación voluntaria de la vida laboral y buscar otros mecanismos para incentivar que la edad media de jubilación (en España se sitúa en 63 años y 10 meses), se acerque más a los 65 años de edad, como por ejemplo, mediante:

• El refuerzo de las políticas activas dirigidas a aumentar el empleo de los trabajadores de mayor edad,

• La penalización a las empresas por el uso excesivo de mecanismos más o menos directos de jubilación anticipada.

• La mejora de las condiciones de trabajo y la adecuación de los puestos de trabajo,

• El reforzamiento de la protección contra el despido de estos colectivos y contra la discriminación por razones de edad.

Ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años:

1) La garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones se puede garantizar de varias maneras, pero la que rechazamos frontalmente es que ésta se pretenda hacer empobreciendo a los futuros pensionistas haciéndoles trabajar más años para cobrar una pensión menor, ya que a la vista de las cuantías medias de las pensiones que hoy tiene España, nadie puede argumentar de que éstas sean generosas.

2) Ampliar en 10 años más el periodo de cálculo supondría reducir la pensión media, haciendo recaer sobre los pensionistas futuros el grueso del coste de los ajustes.

3) Lamentamos que se quiera utilizar la Seguridad Social para reducir el déficit público. Pretender reducir el gasto en pensiones 4 puntos del PIB, significa alejarnos más de Europa (si, anteriormente, la diferencia con respecto a Europa en gasto en pensiones era de 3 puntos del PIB, la diferencia se elevaría a 7 puntos si se ampliará en 10 años el periodo de cálculo)

4) Lamentamos, asimismo, que el objetivo principal se sitúe en la reducción del gasto en pensiones, lo que puede condicionar las conclusiones del Pacto de Toledo, desdibujar el modelo social que pretendemos y, sobre todo, se ignore los grandes problemas de desprotección social actualmente existentes y a los colectivos a los que estas medidas van a perjudicar, fundamentalmente: los peor situados en el mercado de trabajo y a las mujeres.

5) Éstas y otras medidas suponen un serio obstáculo al diálogo social, más necesario que nunca para salir de la crisis

Ampliar el periodo de carencia, es decir, elevar el periodo mínimo de cotización que se debe tener cubierto para tener derecho a la pensión de jubilación (en la actualidad 15 años).

Las consecuencias de la aplicación de esta medida serían:

1) Se expulsaría del acceso a la pensión a un número importante de trabajadores o futuros pensionistas.

2) Se reduciría incomprensiblemente la pensión media del sistema.