Los salarios en España son bajos (según los últimos datos disponibles de la OCDE, relativos al 2007, cuando todavía no estábamos inmersos en la crisis económica, España ocupaba el tercer lugar por la cola en cuanto al salario medio anual, de un total de 15 países, sólo por delante de Portugal y Polonia). Si a ello unimos la temporalidad injustificada en el empleo y la facilidad del despido se crea un clima de incertidumbre general que no favorece precisamente la reactivación económica y del empleo. Es por eso que la negociación colectiva debe contribuir a restablecer la confianza y superar los desequilibrios de nuestro mercado de trabajo. En primer lugar, hay que fomentar el mantenimiento y la recuperación del empleo y terminar con la temporalidad injustificada; en segundo lugar, promover salarios dignos, acabando con la brecha de género también en este ámbito (las mujeres todavía ganan un 26,3% menos que los hombres en nuestro país); y en tercer lugar buscar el compromiso empresarial para salir de esta crisis, lo que implica entre otras medidas, la contención del reparto de los beneficios empresariales y el incremento de la inversión productiva.

Los trabajadores españoles han sido víctimas del modelo productivo en que se ha basado nuestra economía y han pagado un doble coste: la rápida destrucción de empleo y la pérdida de salarios, inducida por la transferencia sistemática de empleos hacia sectores de poco valor añadido y baja productividad y por la política de moderación salarial practicada en las negociaciones colectivas. Esto ha propiciado la pérdida de 4,2 puntos de la masa salarial en el PIB. Además, Hasta el tercer trimestre de 2009 la caída promedio de los salarios en nuestro país ha sido de 2,7 puntos, según datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (en la UE caen 0,5 puntos) mientras que el excedente bruto empresarial se ha reducido tan sólo un 0,8 en el mismo periodo.

Uno de los objetivos sindicales en política salarial es establecer un incremento salarial garantizado. Esto implica el mantenimiento o mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Si se alcanza un acuerdo plurianual se debe graduar este incremento a lo largo del periodo de vigencia del acuerdo. El referente de incremento inicial en 2010 debería situarse entre el 1 y el 2% y en años sucesivos debería suponer una ganancia del poder adquisitivo. Se propone un referente doble porque el 1% es el establecido en los Presupuestos Generales del Estado como previsión de inflación a la hora de determinar el incremento general de las pensiones y el 2% porque es el objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo. Asimismo, resulta imprescindible el establecimiento de cláusulas de garantía salarial, con carácter retroactivo, para asegurar que los trabajadores no pierden poder adquisitivo si el IPC real supera al IPC tomado como referencia.

Otros objetivos serían el establecimiento de un incremento salarial adicional, tomando en consideración la mejora de la productividad, y de los beneficios empresariales. Es necesaria la reducción de tramos de salarios de entrada; la eliminación de las diferencias retributivas por razón de sexo, edad, o modalidad contractual; la adecuación de niveles o categorías por reclasificación profesional; reforzar las retribuciones variables (primas, comisiones, objetivos, bonus) y mejorar los salarios más bajos, situados por debajo de la media del convenio.

Asimismo, es preciso establecer un Salario Mínimo en aquellos convenios sectoriales que aún no lo tengan. Este salario mínimo sectorial debe situarse en un porcentaje por encima del Salario Mínimo Interprofesional.

Establecer una cláusula de descuelgue tipo del incremento salarial pactado en todos los convenios que aún no la tienen regulada para atender las circunstancias de crisis empresarial con compromisos de mantenimiento del empleo y con instrumentos de participación sindical en su seguimiento y aplicación.

Además, respecto a la Previsión Social Complementaria es necesario extender la creación de planes y fondos de pensiones en convenios sectoriales que aún no lo tengan establecido; la garantía de complementos de prestaciones sociales y externalizar los premios de jubilación.