La propuesta de Directiva sobre permiso único y marco común de derechos para los trabajadores de terceros países solo puede calificarse como vergonzosa para cualquier sociedad democrática. Ya en su redacción inicial del año 2007, UGT la calificó negativamente, porque a juicio de nuestra organización ponía en cuestión el principio de igualdad de trato y oportunidades. En su tramitación, hasta llegar a la votación que ha tenido lugar hoy, su contenido fue empeorando progresivamente. En lugar de un marco común de derechos, la propuesta establecía un “marco de no derechos”.

Esta propuesta de Directiva reflejaba el objetivo de conseguir a cualquier precio mano de obra barata, reducir costes eliminando derechos de la población trabajadora. No solo quedaban fuera del mínimo marco de derechos determinadas categorías de trabajadores procedentes de terceros países (entre ellos los trabajadores de temporada o los trabajadores desplazados) sino que incluso, a aquellos que les seria de aplicación, los estados miembros pueden poner limitaciones a la igualdad en estos derechos con los trabajadores nacionales. Es decir, se configura un marco de derechos, únicamente para luego poder restringirlo al amparo de la legislación.

Limitaciones a los derechos de igualdad en las condiciones de trabajo, afiliación a organizaciones sindicales, educación, protección social, pago de pensiones, beneficios fiscales, acceso a bienes y servicios. Todo ello, en función de si se domina o no la lengua del país, restringiendo el acceso a becas, estableciendo el acceso a la vivienda pública únicamente para quienes lleven tres años en el país, limitando el derecho de sindicación a quienes tengan trabajo y restringiendo el acceso a la protección social de los desempleados.

Esta Directiva perseguía el objetivo de tener mano de obra barata al mínimo coste, no solo salarial sino social, negando derechos básicos que a la clase trabajadora nos ha costado años conseguir. En lugar de conseguir ese beneficio máximo trasladando las empresas a otros países, simplemente se recurre a la medida de externalizar los puestos de trabajo en función de la nacionalidad del trabajador que la ocupe. No es sin embargo la única medida adoptada con el mismo o parecido resultado, ni todas afectan exclusivamente a los trabajadores nacionales de terceros países. Si bien, hace años consiguió pararse la propuesta de Directiva Bolkestein que permitía que las condiciones de trabajo fueran las del país de origen del trabajador nacional y no de las del país de trabajo, las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia de las Comunidades Europeas en casos relacionados con la libre circulación de trabajadores nacionales de la Unión y la libre prestación de servicios, en la practica han establecido no solo que es aceptable y legal la desigualdad (en este caso entre trabajadores nacionales de la Unión Europea), sino que además suponen un ataque a la vigencia de los convenios colectivos, al señalar que hay trabajadores a los que estos no son de aplicación.

Esto mismo sucede con esta propuesta de directiva; promueve que en una empresa pueda haber tantas condiciones de trabajo distintas como nacionalidades o tipos de autorización en el caso de extracomunitarios, tengan sus trabajadores. Pero además se extiende esta desigualdad al conjunto de la sociedad, dando la posibilidad de limitar derechos fundamentales como la sindicación o el acceso a la educación o a la protección social. Y todo ello, hay que recordarlo, respecto a trabajadores no comunitarios en situación administrativa regular.

La Unión Europea, una vez mas, se convierte en una Europa que olvida (cuando se trata de derechos sociales y conquistas que nos han costado años a la clase trabajadora), los valores democráticos de los que tanto presume. Valores, por cierto, que algunos, también en nuestro país, parecen empeñados en recordar a los extranjeros no comunitarios que han de respetar.