El barómetro fiscal publicado por el Instituto de Estudios Fiscales, encargada por el ministerio de Economía y Hacienda, ofrece algunos datos muy interesantes que mueven a la reflexión. Así, la encuesta recoge que el 57% de los españoles rechaza la gestión privada de servicios y prestaciones públicas, y el 55%, también, rechaza que la iniciativa privada participe en la financiación de los mismos. Los ciudadanos consideran los servicios públicos y prestaciones sociales útiles y necesarios y es mayoritaria la percepción de que estos servicios justifican el pago de impuestos.

Los datos revelan que los servicios sanitarios, las infraestructuras y los transportes públicos han sido los más utilizados durante el 2009 y que el acceso universal a la oferta pública estos servicios y prestaciones es uno de los aspectos más valorados, especialmente el acceso a la sanidad, aunque un 73% de los encuestados opina que siempre existe margen de mejora en la prestación de los mismos. Un margen difícil de alcanzar con la política de recorte y ajuste llevada a cabo por el Gobierno que, en lugar de reforzar estos servicios para que ganen en calidad, ha optado por la política del recorte y del ajuste, que afecta no sólo a los trabajadores del sector público, sino que terminará repercutiendo en el conjunto de la sociedad. Así, el Gobierno en lugar de reforzar el Sistema Nacional de Salud, y apoyar a sus profesionales, estableciendo más recursos materiales y humanos, apuesta, en su reforma laboral, por las Mutuas, dotándolas de una serie de competencias como la reducción de las listas de espera de radiodiagnóstico.

Pero si estos indicadores son significativos, también, lo es la opinión de los ciudadanos sobre el fraude fiscal. La mayoría de los españoles, 6 de cada 10, cree que existen colectivos en España que habitualmente defraudan a Hacienda, entre ellos los empresarios. Es más, 1 de cada 3 empresarios admite que su colectivo es el más defraudador. Por contra, la conducta de los asalariados se percibe como la más honrada. Trabajadores que como viene denunciando desde hace tiempo UGT, pagan la crisis por los cuatro costados.

Asimismo, el sindicato hace una llamamiento a los jóvenes para que participen activamente en la Huelga General del 29 de septiembre, en contra de las distintas políticas de ajuste y de contención del gasto desarrolladas por el Gobierno, y que han culminado en una reforma laboral perjudicial para los intereses de los trabajadores y de los jóvenes en particular, en sus expectativas de empleo, y en su relación laboral. Primero, porque no se debe asumir ni la alta tasa de paro juvenil, ni la alta tasa temporalidad de nuestros jóvenes; segundo porque tampoco se puede asumir una reforma laboral que empeora la situación de los jóvenes y que ni siquiera da respuesta a cuestiones tan vitales como la adaptación formativa a las necesidades del mercado de trabajo (es decir, establecer programas escolares y de formación profesional para prepararnos para un empleo), ni se plantea ninguna medida para incentivar el retorno de los jóvenes que abandonan el sistema escolar. En este sentido, el Plan extraordinario de Empleo para los jóvenes propuesto por el Gobierno en el Diálogo Social sobre la reforma laboral ha quedado en el cajón del olvido.