Los líderes políticos mundiales han incumplido el compromiso adquirido en Bali, hace dos años, de llegar en 2009 a un nuevo acuerdo multilateral legalmente vinculante con compromisos de reducción para los países desarrollados y objetivos de desviación que moderaran el crecimiento de las emisiones de los países emergentes.

No sólo no hay acuerdo vinculante, sino que además el texto adoptado, lejos de las indicaciones de la comunidad científica, que recomendaban una reducción de emisiones de entre el 25 y el 40% respecto a 1990 para los países desarrollados –apoyadas por la Confederación Sindical Internacional– no obliga a compromiso alguno y sólo recoge como referencia informativa los objetivos de reducción anunciados por los diferentes países, que están muy lejos de las tales recomendaciones: Estados Unidos, que es el principal emisor de los países desarrollados ha anunciado que para 2020 sólo reducirá sus emisiones entre un 14% y un 17% en relación a 2005 (lo que equivale a un 3% ó 3,5% en relación a 1990); la Unión Europea por su parte aparece en el texto con un rango de reducción de entre el 20 y el 30%. No será hasta el 1 de febrero de 2010 cuando los países dirán a qué reducciones voluntarias se comprometen. Con las actuales propuestas, la reducción estaría por debajo del 15%.

La falta de un acuerdo ambicioso legalmente vinculante será muy negativa para las víctimas del cambio climático, entre las que se encuentran millones de trabajadores y empleos afectados por las sequías, las inundaciones y los fenómenos climáticos extremos. La escasa ambición en la reducción de emisiones, podría hacer perder la oportunidad para emprender un cambio de patrones de producción y un cambio de modelo productivo, que podría crear millones de empleos verdes y mejorar la calidad de vida sin degradar el medio ambiente.

Los sindicatos españoles denuncian la exclusión de la sociedad civil de las negociaciones en la Conferencia como atentado al diálogo social y un inaceptable intento de impedir la presión de la sociedad sobre las decisiones políticas, rompiendo además una larga tradición de participación de la sociedad civil en la agenda climática; participación sin la cual no existiría ni la Convención ni el protocolo de Kioto. Los sindicatos españoles se suma a la exigencia de la Confedración Sindical Internacional de que los derechos de participación de la sociedad civil sean restaurados en la próxima cumbre del clima.

En cuanto al devenir de la agenda climática, las organizaciones sindicales consideran que el proceso sigue vigente y mantienen todas sus exigencias:

1/ Que el 1 de febrero los gobiernos de los países industrializados se comprometan a reducciones de emisiones siguiendo las recomendaciones del IPCC y por lo tanto sensiblemente más elevadas que sus promesas actuales.

2/ Que la Unión Europea adopte para esa fecha el compromiso de reducir sus emisiones de acuerdo con las recomendaciones de la resolución del Parlamento Europeo del 25 de noviembre. Que la UE dirija sus esfuerzos a presionar a EEUU y los países emergentes para que asuman compromisos significativos tanto en reducción de emisiones cómo en financiación de las políticas a largo plazo.

3/ Que prosiga el proceso de negociaciones multilaterales en el marco de Naciones Unidas , tanto bajo la Convención de Cambio Climático como del Protocolo de Kioto, de forma que se pueda alcanzar un acuerdo legalmente vinculante en la COP- 16 México 2010. Proceso multilateral que debe mantenerse y reforzarse en el marco de Naciones Unidas y que no puede ser sustituido por ningún grupo de países, como el G20, por poderosos que éstos sean.

4/ Que se mantengan en los textos de negociación las menciones a la Transición Justa y el trabajo Decente.

5/ Que se ponga en marcha inmediatamente la financiación a corto plazo, distribuyendo la ayuda comprometida de 30.000 millones $ entre los países más vulnerables, con criterios de transparencia, participación de los afectados y transición justa y que se revise al alza la financiación a medio plazo hasta alcanzar los 100.000 millones de € necesarios, de los que la UE debería comprometerse a aportar no menos de un tercio, siguiendo las orientaciones del Parlamento Europeo.

6/ Que se restauren la participación de la sociedad civil, con mecanismos y procedimientos claros y transparentes que garanticen esa participación.