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El Programa Extraordinario para la Activación del Empleo, una reivindicación sindical desde hace tiempo

El Programa Extraordinario para la Activación del Empleo, una reivindicación sindical desde hace tiempo

UGT | jueves, 11 de diciembre de 2014

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha manifestado que el Programa Extraordinario para la Activación del Empleo, que se firmará el lunes 15 de diciembre, en la Moncloa, forma parte del acuerdo tripartito del pasado 29 de julio, es un programa “necesario” que obedece a “una reivindicación sindical desde hace tiempo”, pues los sindicatos llevan emplazando a este Gobierno y al anterior a que se ponga en marcha un plan de recuperación del empleo y de protección a las personas desempleadas. Ferrer, que ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa de UGT y CCOO para explicar las características de este Programa, ha recordado que “esta crisis está provocando un aumento del paro estructural”, que hay cerca de 3.300.000 parados de larga duración (es decir, 6 de cada 10 personas desempleadas llevan más de un año en paro) y que a esta situación se une la falta de protección. Así ha recordado que según los Servicios Públicos de Empleo, sólo el 57% de los desempleados tienen cobertura económica, lo que supone una pérdida de 20 puntos respecto a 2010 y de 13 puntos en esta legislatura. 

Los dos grandes objetivos del Programa son: primero, proteger a las personas en riesgo de exclusión y pobreza (la última Encuesta de Condiciones de Vida del 2013 habla que el 40% de los desempleados están en riesgo de pobreza) y segundo, “y quizás más importante”, facilitar la reinserción laboral de las personas a las que va dirigido el programa (parados de larga duración, con cargas familiares, que llevan al menos 6 meses sin percibir ninguna prestación del sistema de protección por desempleo). Es decir, un colectivo entre 400.000-450.000 personas. La propia Ley General de Seguridad Social, regula algunos de los requisitos para ser destinatario de este Programa referentes a las responsabilidades familiares y la situación de especial necesidad (tener, al menos, una persona a cargo y no tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, (SMI). La cuantía de la prestación será de 426 euros y el coste estimado del Programa será de unos 1.000-1.200 millones de euros

​Ferrer ha señalado que este programa, de carácter plurianual, tendrá una vigencia hasta el 15 de abril de 2016 y que los sindicatos han insistido en su seguimiento y evaluación, de manera periódica, con el fin de mejorar los resultados. La última evaluación debe producirse tres meses antes de su finalización, en enero de 2016, para ver si es necesaria su prórroga en función de la situación del desempleo, el número de parados de larga duración y en base a la cobertura.

Asimismo, ha destacado que este Programa es también un “compromiso que vincula a las CCAA”, porque les corresponde las competencias en materia de políticas activas (orientación profesional, políticas de formación de los desempleados y de contratación directa, tanto en el sector público como privado). Ferrer ha recordado que otro campo de intervención de las CCAA, suscrito en el Acuerdo tripartito de Julio, es el que hace referencia a “establecer un mapa del conjunto de las prestaciones en nuestro país”, de tal forma que las personas que no  cumplan los requisitos del Programa, puedan entrar dentro de los programas asistenciales de las CCAA.

El Secretario de Acción Sindical ha enumerado tres cuestiones fundamentales de este Programa: contribuye a luchar contra las desigualdades, que en nuestro país están creciendo, impulsa las políticas activas de empleo (esenciales para combatir el paro estructural) y permite proseguir con el diálogo social suscrito en el Acuerdo tripartito de julio “porque si no el diálogo social no habría tenido más recorrido”. Ferrer ha destacado que ahora está pendiente el programa de las rentas mínimas y el mapa de las prestaciones, y ha manifestado que los sindicatos han emplazado al Gobierno a que cumpla con dos compromisos suscritos en el Acuerdo tripartito de julio: la mesa de los empleados públicos, para determinar los salarios y el empleo en el sector público y la mesa sectorial y de políticas industriales.


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