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UGT reclama la apertura del diálogo con los interlocutores sociales en materia de empleo doméstico

UGT reclama la apertura del diálogo con los interlocutores sociales en materia de empleo doméstico

UGT | jueves, 29 de marzo de 2018
  • El 4,6% de las mujeres afiliadas a la Seguridad Social, muchas de ellas extranjeras, son empleadas de hogar
  • Bajos salarios, precarias condiciones de seguridad y salud en el trabajo y una ausencia de protección social, características principales del empleo doméstico en España
  • UGT reclama la apertura del diálogo con los interlocutores sociales para abordar la integración total de este colectivo en el Régimen General de la Seguridad Social, incluir a las empleadas de hogar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ratificar el Convenio 189 de la OIT, entre otras medidas

Con motivo del 30 de marzo, Día Internacional de las trabajadoras del hogar, la Unión General de Trabajadores reclama al Gobierno la apertura de un proceso de diálogo con los interlocutores sociales, comprometido desde el año 2012 y nunca cumplido, con el fin de abordar, entre otras cuestiones, la integración total, en enero de 2019, del sistema especial de empleados de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.  

El sindicato demanda al Gobierno que muestre más interés por las empleadas de hogar y que cumpla los compromisos de abordar con los interlocutores sociales la cotización y la prestación por desempleo para este colectivo, la desaparición del desistimiento como forma de extinción del contrato, o su inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

Además, UGT exige que se inicien los trámites para ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores doméstico. 

El sindicato recuerda que: 

  • En el mes de febrero de 2018, de las 8.480.707 mujeres afiliadas y en alta a la Seguridad Social, el 4,6%, 398.142 mujeres, lo estaban al Sistema especial de Empleados de Hogar. Las trabajadoras de nacionalidad extranjera representan el 42,1% del total de mujeres afiliadas al Sistema especial de Empleadas de Hogar.

  • En el caso de las mujeres de nacionalidad extranjera afiliadas a la Seguridad Social (805.844) el porcentaje de las que están afiliadas al sistema especial es de 167.695, se incrementa hasta el 20,8%.

  • El salario medio de quienes trabajan a tiempo completo como empleadas de hogar es más de un 40% inferior al salario medio total del conjunto de trabajadores y trabajadoras.

  • El gasto medio por hogar en el pago del salario y la seguridad social del personal doméstico se ha reducido un 30% entre los años 2006 y 2016. Menos gasto, menos salario y peor protección social para el futuro.

  • El 56,4% de las personas asalariadas como personal doméstico lo están a tiempo parcial.

  • ​La pensión de jubilación de quienes han trabajado como empleadas de hogar es la más baja de todo el sistema de la Seguridad Social: 520,54 euros mensuales, y el 65% de las personas beneficiarias necesitan complementos a mínimos.

La Unión General de Trabajadores señala que este colectivo de trabajadoras, con una presencia elevada de mujeres de nacionalidad extranjera, realiza tanto tareas domésticas como de cuidado de personas, complementando la ausencia de una suficiente protección social y servicios por parte de las Administraciones. Todo ello con unas condiciones de empleo y de protección precarias, algunas de ellas compartidas por quienes trabajan en el cuidado de personas por cuenta de Administraciones Públicas o de empresas. Entre otras, los bajos salarios y las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo (un domicilio particular).

Por ello, UGT denuncia el desinterés del Gobierno del Partido Popular por este colectivo, el 4,6% de todas las mujeres afiliadas a la Seguridad Social, sin contar las que no están dadas de alta, y por ello reclama la necesidad de abrir un espacio de diálogo con los interlocutores sociales que consiga profesionalizar el sector (tareas diferentes con retribuciones salariales distintas), examinar el papel que están jugando determinadas entidades intermediadoras en el mercado de trabajo, equiparar las condiciones de trabajo y protección social  y reconocer el valor social de este sector de actividad en la economía de nuestro país.

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