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UPA-UCE niega las acusaciones de la Guardia Civil y asegura que “no hay caso”

UPA-UCE niega las acusaciones de la Guardia Civil y asegura que “no hay caso”

UPA-UCE EXTREMADURA | miércoles, 2 de noviembre de 2016

​UPA-UCE Extremadura ha negado las acusaciones realizadas por la Guardia Civil y ha afirmado, tras conocer los detalles hechos públicos esta mañana, que nadie en la organización ha cometido ningún delito ni se ha financiado ilegalmente de ninguna manera. Las ayudas europeas al asesoramiento a las explotaciones se dirigían a los agricultores que pagaban a la organización por un servicio que fue prestado por UPA y auditado por la Administración.

¿Cómo es la normativa que regula el asesoramiento a explotaciones agrarias?

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Extremadura ha manifestado “tranquilidad y confianza” tras conocer los detalles de la operación puesta en marcha por la Guardia Civil. Fuentes de la organización han asegurado que “no hay caso, ya que no se ha cometido ningún delito”.

UPA ha negado que exista un entramado financiero ilegal para financiarse en base a las ayudas al asesoramiento agrario provenientes de la Unión Europea. Esas ayudas llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, los cuales pagaban a la organización por los servicios y trabajos desarrollados para la redacción de los informes del asesoramiento, que realizaban los técnicos que trabajan para la organización.

UPA-UCE ha asegurado que “no se ha producido ningún engaño a ningún afiliado”, ya que eran ellos, a título personal, los que recibían la subvención en sus cuentas bancarias y luego se transfería “con todos los justificantes” a la organización por los servicios prestados. Servicios que efectivamente fueron realizados en su totalidad y cuyos expedientes están entregados en la propia Consejería de Agricultura.

En los años a los que se refiere la investigación (2013-2015) UPA-UCE estableció un mecanismo para que los agricultores no tuvieran que adelantar el dinero de los informes de asesoramiento, informes que a su vez eran necesarios para cumplir con todos los requisitos de la Política Agraria Común. Por ello los productores recibían una transferencia con el importe de la subvención que después devolvían a la organización una vez recibían la ayuda y se realizaba el asesoramiento.

UPA ha rechazado las formas en las que el Instituto Armado ha desarrollado la operación y ha pedido la liberación inmediata de las personas que siguen detenidas. Asimismo, ha mostrado confianza en la Justicia y en que “pronto se aclarará todo”. Han asegurado también que “no descartan nada para limpiar el buen nombre de una organización que trabaja desde hace más de 30 años defendiendo, ayudando y prestando servicios a agricultores y ganaderos de toda España”.

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