El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes las nuevas reglas fiscales que limitan el déficit y la deuda pública, un marco que obligará a los países a retomar la disciplina fiscal para sanear sus cuentas. En concreto, se exigirá una reducción cuantificable del 1% sobre el PIB de la deuda para los países que superen la ratio del 90%, y del 0,5% para los países que se sitúen entre el 60% y el 90%, sin tener en cuenta posibles periodos de recesión económica.

Además, la Comisión vigilará el cumplimiento de la senda de ajuste y podrá expedientar a los Estados miembros si no es el caso. La reforma reduce la cuantía de las sanciones, que será de un 0,05 % del PIB cada seis meses, pero prevé una aplicación más automática de las mismas para evitar que se repita la situación del marco actual, cuyas multas son tan abultadas que en la práctica no han llegado a utilizarse.

Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, se ha alertado, en innumerables ocasiones, del peligro que supone volver a unas reglas que permitan el despliegue de unas políticas lideradas por la austeridad, y de la necesidad de colocar la inversión en pie de igualdad con la reducción de la deuda. 

Por ello, UGT, junto a otras organizaciones sindicales, había solicitado expresamente a las y los eurodiputados que rechazaran este acuerdo, el cual pone en serio riesgo la consecución de las prioridades socioeconómicas de Europa, que se enfrenta a un reto de inversión clave para el desarrollo de la doble transición, y a un déficit de inversión de 192 mil millones de euros anuales en infraestructura social, según cifras de la propia Comisión.

Sin embargo, la aprobación cierra la puerta a una renegociación posterior a las elecciones europeas, que culminará en la inclusión de alguna “regla de oro” que excluyese del cómputo de gasto las inversiones destinadas a las transiciones digital y ecológica, al blindaje del estado de bienestar y al reforzamiento de los servicios públicos, así como el aumento de los ingresos a través de un reforzamiento de la fiscalidad justa.

Así pues, con este acuerdo, en 2027, cuando las nuevas reglas fiscales estén en pleno vigor sin el respaldo de los fondos de recuperación, la mayoría de los Estados -entre ellos Alemania, Francia, Italia, España o Polonia- volverán a verse en la obligación de llevar a cabo recortes que tendrán un efecto directo en el deterioro de la calidad de la educación, la sanidad o los servicios públicos.